En una entrada anterior, hace alrededor de 9 meses, hablábamos de la Ley Sinde, una norma perversa que pretende despojar a la ciudadanía de un principio básico de nuestra democracia, la presunción de inocencia, que debe mantenerse hasta que un juez o una jueza confirme la inocencia o dictamine la culpabilidad mediante una sentencia firme.