Se acabaron los procesos electorales en las universidades. Con la
reforma de calado que prepara la Generalitat, los rectores y los decanos
serían nombrados a dedo por nuevos órganos de gobierno en que el
Gobierno catalán tendría una presencia mayoritaria. La comisión para el
estudio de la gobernanza universitaria tiene sobre la mesa un documento
de trabajo (elaborado por un grupo de 10 expertos nombrados por el
secretario de Universidades, Antoni Castellà) en el que propone cambiar de arriba abajo las universidades.
Se busca modificar el sistema en cuanto a contenido, es decir, que
las universidades caminen hacia la especialización. “Un sistema uniforme
como el actual no incentiva la excelencia”, reza el documento de la
comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS.
El cambio más notorio y que más polémica puede generar afecta a la
estructura de las universidades. El informe propone sustituir los
actuales órganos, como el consejo social, el consejo de gobierno y el
claustro por otros nuevos como un patronato, un consejo ejecutivo y un
senado.
El patronato sería el auténtico núcleo duro de decisión, que fijaría
la estrategia de la universidad, aprobaría el presupuesto y nombraría al
rector. El órgano estaría formado por 15 miembros, la mitad designados
por la Generalitat. El rector de la Universidad de Barcelona, Dídac
Ramírez, rechaza la reforma y defiende el sistema actual, vía
elecciones. “El sufragio universal da al rector legitimidad y le otorga
autoridad”, tercia Ramírez, quien augura que con esta propuesta se acaba
con “el peligro” de tener en el rector una voz crítica con el gobierno
de turno.

Según el documento de trabajo de la comisión, el rector presidiría el
consejo ejecutivo, que, valga la redundancia, solo se encargaría de
ejecutar las directrices marcadas por el patronato. Este consejo
—simplemente de gestión— estaría formado también por 15 miembros, entre
ellos vicerrectores, gerentes y decanos.
El tercer órgano sería un senado, de carácter consultivo y muy
parecido al claustro actual, que contaría con un centenar de miembros
(el 70% serían profesores; el 20%, alumnos, y el 10%, personal
administrativo). Es en este órgano sin poder de decisión el único en el
que tendrían representación los estudiantes. El Consejo de Estudiantes
de las Universidades Catalanas rechaza la propuesta, ya que “los
alumnos, el colectivo más numeroso, quedan expulsados de los órganos de
gobierno”.
La estructura interna actual de las universidades —organizadas en
facultades y departamentos— también cambiaría, reduciendo su número y
organizadas en unas nuevas estructuras básicas, cuyos directores serán
nombrados por el rector (ahora los decanos también se eligen mediante
elecciones), que, a su vez designará el director de unidad, un nuevo
nivel organizativo. Para Josep Ferrer, representante de CC OO en la
comisión de gobernanza y exrector de la UPC, esta reforma promueve una
“estructura piramidal” que provocará la “desarticulación del sistema
universitario catalán”.
También se quiere estrechar la vigilancia sobre los campus para que
estos “rindan cuentas”, supeditando así su financiación al cumplimiento
de objetivos y a “resultados contrastables” en la docencia y la
investigación.

El documento también incide en otros aspectos, como en la necesidad
de que las universidades busquen otras fuentes de financiación,
básicamente privadas, y en la reducción de plazas de profesores
funcionarios, en favor de los contratos laborales y de los docentes
asociados (invitados por las universidades).
El documento defiende que el objetivo final de la reforma es dar más
autonomía a las universidades, algo que pone en duda el rector de la
Universidad Rovira i Virgili, Francesc Xavier Grau. “Si nos dicen cómo
tenemos que hacer las cosas, eso no es autonomía, pero en todo caso
habrá que esperar a la concreción de la ley para ver el margen de
maniobra que dejan a las universidades”.
La ponencia urge en la aplicación de esta reforma y asegura que
muchas de ellas pueden ser implementadas “a corto plazo”. Y es que para
restructurar el modelo de facultades solo se necesita un cambio en los
estatutos de las universidades. Para otros cambios clave, como la
elección de rector, es necesario cambiar la Ley Orgánica de
Universidades.
La Generalitat prevé tener listo el documento final de la comisión de
gobernanza en septiembre, aunque la secretaría de Universidades admite
que no se esperan “grandes cambios”. La intención del Gobierno catalán
es presentar su propuesta en octubre, en el marco de la comisión de
gobernanza creada a nivel estatal. Con todo, el grupo de CiU en el
Congreso de los Diputados ya ha dado un paso adelante y ha presentado
una proposición no de ley para abrir el melón de las reformas legales
necesarias para que Cataluña pueda implantar su modelo universitario.