Delitos Ciberneticos, Impunibilidad y Seguridad Actual en Mexico y el Mundo

Aunque no existe una definición universal, los expertos han formulado conceptos funcionales que atienden la realidad concreta de cada país, consecuencia de la globalización y dependencia de tecnologías de la información, como el uso masivo y universal de Internet.

Los delitos cibernéticos constituyen actos criminales que pueden llegar a afectar al gobierno y su estabilidad, la economía y la paz social, por lo que se requiere de atención especializada de la autoridad.

En un primer momento se les buscó encuadrar en figuras típicas como el robo o hurto, fraude, falsificación, estafa o sabotaje, pero actualmente el catálogo es más amplio e incluye figuras como el terrorismo cibernético.

La adopción de nuevas tecnologías y su impacto en la vida cotidiana llevaron al Congreso de la Unión a actualizar, aunque todavía de manera insuficiente, diversos ordenamientos legales que quedaron desfasados con el paso del tiempo.

Además, En Mexico, las autoridades mexicanas adoptaron políticas para enfrentar este nuevo peligro, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Procuraduría General de la República; también se sumó a esfuerzos internacionales con la finalidad de formar un frente común en la lucha contra la delincuencia cibernética.

Por tratarse de ilícitos que pueden dañar las actividades productivas, la iniciativa privada también empezó a adoptar medidas de seguridad para protegerse de ataques a sus sistemas.

Catálogo de delitos cibernéticos

Cada día aparecen nuevas expresiones de la criminalidad, muchas de ellas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías, lo que representa un reto para las autoridades.

De acuerdo con los especialistas, los delitos cibernéticos se pueden catalogar de la siguiente manera: terrorismo cibernético y crimen organizado. Dentro de este último apartado se ubican el tráfico de drogas, personas y armas, entre otros; secuestro, delincuencia organizada, piratería, pornografía infantil, estafas electrónicas y delitos tradicionales cometidos a través de medios electrónicos.

Incluye hacking, ataques destructivos a información estratégica gubernamental y financiera, manipulación de datos y programas, falsificaciones informáticas, creación de virus, sabotaje informático, estafas electrónicas, intrusiones, modificaciones, intercepción, copia de información no autorizada, interrupción de las comunicaciones electrónicas, violaciones a los derechos de autor, spam y robo de identidad.

Entre los potenciales adversarios de las autoridades se encuentran: los usuarios de sistemas, empleados, hackers, intrusos, el espionaje corporativo, el crimen organizado y el terrorismo.

Cabe destacar que los delincuentes cibernéticos cuentan con habilidades para el manejo de sistemas informáticos y generalmente, por su situación laboral, se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información sensible o bien son hábiles en el uso de los sistemas.

Experiencia internacional

Aunque en Europa y Estados Unidos se han logrado los mayores avances, tanto a nivel legislativo como en las acciones instrumentadas para el combate a los delitos cibernéticos, desde finales del siglo pasado los países de América Latina empezaron a intercambiar experiencias y a impulsar políticas para enfrentar este tipo de criminalidad.

Estados Unidos fue a fondo en el combate a esos delitos, sobre todo en la intercepción de comunicaciones, luego del ataque a las torres gemelas de Nueva York y lo mismo sucedió en casos como los de Inglaterra y España, donde también se dieron expresiones del terrorismo.

En marzo de 1999 los ministros de justicia o procuradores generales recomendaron establecer un grupo de expertos intergubernamentales sobre delitos cibernéticos, con la encomienda de elaborar un diagnóstico sobre la actividad delictiva vinculada a las computadoras y la información en los estados miembros.

El diagnóstico incluía la legislación, políticas y prácticas nacionales sobre el tema; identificar entidades nacionales e internacionales con experiencia en el área y los mecanismos de cooperación dentro del sistema interamericano para combatir delitos cibernéticos.

En su cuarta reunión los ministros y procuradores recomendaron que, en el marco de las tareas del Grupo de Trabajo de la OEA, se volviera a convocar a los expertos con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y elaborar instrumentos jurídicos interamericanos pertinentes y de legislación modelo.

La finalidad era fortalecer la cooperación hemisférica en el combate contra dichos delitos, considerando normas relativas a la privacidad, protección de la información, los aspectos procesales y la prevención del delito.

Las cifras en méxico

En su estudio “Tendencias actuales del delito cibernético en México’’, el especialista Miguel Ángel Morales revela que hasta agosto del 2004, México ocupaba el tercer lugar en número de sitios vulnerados por país, con más de 650 casos; detrás de Estados Unidos que reportó más de 7,000 y de Brasil con más de 1,200 casos.

De la información se desprende que 50% de los delitos cibernéticos en México se relacionan con la pornografía infantil y el resto se reparte entre fraudes cibernéticos, manejo ilegal de información y pirateo de páginas de Internet oficiales.

A nivel internacional se aporta otro elemento digno de considerar en la instrumentación de acciones de combate a este tipo de ilícitos en la iniciativa privada.

La ONU reveló que 90% de los delitos cometidos mediante computadora fueron ejecutados por empleados de la propia empresa afectada. En América del Norte y Europa dan cuenta de que
73% de las intrusiones se atribuían a fuentes interiores y sólo 23% a la actividad delictiva externa.

En noviembre del 2007, las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Función Pública, Comunicaciones y Transportes y PGR celebraron un foro sobre delitos cibernéticos en el que tomaron parte más de 150 servidores públicos de 23 dependencias del
Ejecutivo federal, con la finalidad de sumar esfuerzos en el combate a esos ilícitos.

Revisaron los problemas que genera el uso de las tecnologías en la información con fines delictivos, la necesidad de promover una cultura de seguridad, fortalecer la cooperación institucional y atender los retos que plantea el delito cibernético, así como la respuesta internacional que se ha dado en ese rubro.

Del encuentro, en el que participaron especialistas como el director del Proyecto sobre
Seguridad Cibernética de la OEA, Rómulo Dantas y el jefe del Departamento de Seguridad en Cómputo de la UNAM, Juan Carlos Fuel López, surgieron propuestas para acelerar y reforzar los esfuerzos nacionales para combatir esos delitos y cumplir los compromisos asumidos por México en el marco de la
Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética.

Entre las conclusiones destacaron el establecimiento de un centro nacional para atender incidentes de seguridad cibernética; la necesidad de abordar esos ilícitos como asunto de seguridad pública y seguridad nacional, sin olvidar que la protección a la seguridad del Estado se debe dar preservando la libertad de expresión y la confidencialidad de los datos personales.

Además, de fomentar una cultura cibernética en el ámbito gubernamental y en la sociedad civil, se consideró como prioridad la tarea de armonización legislativa, para estar en capacidad de aplicar una política penal común contra los delitos cibernéticos tomando en cuenta los preceptos del Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa.

Desde entonces, el objetivo común de la administración pública federal consistió en el establecimiento de un centro de respuesta a incidentes cibernéticos y se planteó recuperar los avances logrados por la UNAM y su contribución al proceso de establecimiento de un centro nacional, sin menospreciar los esfuerzos que realizan actualmente las dependencias del gobierno federal.

Los retos

La reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal, considerada la más importante de los últimos años y los 75 compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, signado el pasado 21 de agosto, abordan estos delitos de manera diferente.

Algunos se tratan con cierta profundidad y otros sólo de refilón, por lo que se requiere una revisión integral de los ordenamientos legales para contar con un marco actualizado que permita implementar las políticas públicas que demanda la sociedad.

Aunque la reciente reforma al Código Penal Federal permitió avances importantes en las penas y sanciones económicas para el caso de la decodificación ilegal de señales de telecomunicaciones, acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, en materia de derecho de autor, corrupción, pornografía, turismo sexual y lenocinio de menores, aún falta que el legislador profundice en la materia.

Según los especialistas, además del Código Penal Federal, el legislador debe ahondar en ordenamientos relacionados con el derecho de autor, la propiedad industrial, las vías generales de comunicación e instituciones de crédito, entre otras.

Además, de tener un catálogo de delitos cibernéticos y de profundizar las políticas públicas que los atiendan, las autoridades deben ir con otros países al diseño de una estrategia continental contra la impunidad del cibercrimen que incluya los aspectos de seguridad nacional.

Los especialistas destacan que se deben dar reformas legales que incluyan esquemas jurídicos y educativos comprensibles en todos los niveles de gobierno encargados de contrarrestar el delito informático, incluyendo la capacitación de jueces, abogados y la inclusión de materias sobre seguridad cibernética y derecho informático jurídico en las carreras de derecho.