La ley debe ser utilizada como un instrumento para respetar los derechos de las personas no para violarlos

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Difusión Cencos México D.F., 7 de septiembre de 2010
Boletín de prensa
Frente Amplio contra la Supervía
Bajo el título “Legalidad y derechos humanos”, tuvo lugar hoy, 6 de septiembre de 2010, la segunda mesa de debate del foro “La Supervía debate: mitos y realidades”, organizado por el Frente Amplio contra la Supervía en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Se analizó el proceso de jurídico administrativo que dio lugar a la concesión de esta obra vial de pago que afectará la zona sur poniente de la ciudad. José Merino, politólogo egresado del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que fungió como moderador de la mesa, planteó el debate en relación a los compromisos en materia de derechos humanos que el Gobierno de la Ciudad ha asumido como el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal o la Carta por el Derecho a la Ciudad.
Derecho a la información y derecho a la consulta
El Título de Concesión, que determina las condiciones esenciales del proyecto, no fue dado a conocer oportunamente a la ciudadanía. Sólo se conoció su contenido a través de un amparo directo que interpuso el Frente. El Programa de Transporte y Vialidad 2007 -2012, donde aparece el proyecto, apareció publicado en marzo de 2010. Luis Miguel Cano, codirector de Litiga OLE, cuestionó la justificación del Gobierno del D.F., para empezar porque no existen los estudios adecuados para justificar la necesidad pública de la obra.
La información, consideró, debe ser oportuna y es necesaria para el ejercicio de otros derechos como el de participación ciudadana y la consulta: “Sin información oportuna y con total menosprecio al derecho de participar directamente en la conducción de asuntos públicos, el Gobierno del D.F. emprende una obra sin ponerla a debate, sin considerar alternativas y en beneficio de empresas a las que adjudicó directamente su concesión”.
Derecho al medioambiente
Alfonso García Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C., explicó que existe un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el D.F. sobre la Resolución Administrativa de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobada el pasado 9 de julio. Para ello se argumentó, entre otras cosas, que esta evaluación no cumple con los requisitos de ley, al no haberse hecho la consulta pública que la Ley Ambiental en el DF exige para su elaboración; que la autoridad se extralimitó en sus funciones al ordenar y evaluar medidas de mitigación a cuerpos de aguas nacionales al ser esto materia de autoridades federales que no han intervenido en forma alguna. Además, se emitió un estudio de impacto urbano sin que se halle elaborado el estudio de impacto urbano ambiental que la ley establece y que corre a cargo de Secretaría de Desarrollo Urbano.
Por su parte, la Dra. Catalina Pérez Correa González, licenciada en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Stanford, California, se apoyó en el documento de Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 2007 – 2012 para constatar un desfase entre los lineamientos establecidos en su planificación y la gestión que está llevando a cabo el gobierno del D.F. En este documento el Gobierno del D.F. se compromete, entre otras cosas, al respeto al medioambiente, el desarrollo del transporte público como forma de movilidad, a promover y facilitar la participación ciudadana, con equidad. La Supervía, argumentó, es excluyente y atenta contra el derecho a un medioambiente sano y al agua, lo cual afecta no sólo a unos vecinos y una minoría, como ha querido aparentar el Gobierno, sino a toda la Ciudad y a varias generaciones futuras.
Derecho al agua y a la vivienda
En ese sentido, el Dr. Rodrigo Gutiérrez Riva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sostuvo que el proyecto está construido para responder a intereses políticos y económicos de un sector de la población. Es un proyecto que favorece a minorías, pero que afecta a los derechos de todas las personas que viven en la Ciudad. Ejemplificó estas aseveraciones con las violaciones tanto al derecho humano al agua, porque se afecta a la disponibilidad y a calidad del agua, como al derecho a la vivienda y los principios básicos para el desalojo.
La obra, en este sentido, no solamente viola derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales, sino también la estructura normativa y jurídica del Distrito Federal, como el Programa General del D.F., el Plan Verde o la Carta por el Derecho a la Ciudad del Distrito Federal.
Derechos de niños, niñas y adolescentes
Dra. Mónica González Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ofreció una mirada desde los derechos de niños, niñas y adolecentes, y explicó qué la Ciudad se ha desarrollado para los adultos, condenando a éstos a permanecer encerrados en sus casas y condominios y a la dependencia del automóvil para poderse desplazar. Esto contraviene los tratados internacionales donde se reconocen derechos como el de socialización, la autonomía progresiva (el derecho de ir ejerciendo poco a poco su derecho a decidir) o el derecho al juego.
La planificación de la Ciudad, con el modelo de la Supervía y la urbanización salvaje, contraviene estos derechos porque no generan espacios seguros en la ciudad. La urbanización de Santa Fe es un ejemplo de ello, donde no se ven niños y niñas en las calles, no tienen espacio seguros para socializarse. La identidad se construye relacionándose con el entorno y, en este sentido, estas políticas son una amenaza más para sus derechos.
Derecho a defender los derechos humanos
Simón Alejandro Hernández, abogado del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, señaló la ausencia del gobierno del Distrito Federal en estas mesas de debate, quien no aceptó dialogar. El silencio gubernamental expresa “la carencia de argumentos técnicos, jurídicos y sociales que justifiquen suficientemente la construcción de una autopista urbana de peaje” y “el desdén de un gobierno hacia la ciudadanía o al menos a un sector de ésta”.
Y reconoció el trabajo de defensa de los derechos humanos del Frente Amplio contra la Supervía: “frente a la ilegalidad y arbitrariedad del gobierno han interpuesto los recursos legales, solicitudes de información, frente a la provocación e intimidación han contestado con el carácter pacífico del movimiento”.
Jesús Roberto Robles Maloof, maestro en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana difundió vía Twitter el diagnóstico y las conclusiones finales. Los asistentes coincidieron en que la ley debe ser utilizada como un instrumento para respetar los derechos de las personas no como un instrumento para violarlos.
Frente Amplio contra la Supervíaprociudadprocontreras@gmail.comhttp://prociudad-procontreras.blogspot.com
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Información difundida por el Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos